El gobierno italiano analiza en Consejo de Ministros un nuevo Decreto Flussi para el período 2026–2028, que permitiría la entrada legal de medio millón de trabajadores extranjeros a Italia en tres años. La medida, que aún se encuentra en fase de discusión, se anticipa a la conclusión del decreto vigente (2023–2025) con el objetivo de mejorar la planificación migratoria, enfrentar la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y corregir deficiencias administrativas anteriores.
¿Qué propone el nuevo decreto?
El borrador del decreto establece la autorización de 500.000 permisos de ingreso por motivos laborales entre los años 2026 y 2028. Tendrán prioridad los trabajadores procedentes de países que colaboren activamente con Italia en la lucha contra la migración irregular y que firmen acuerdos de repatriación de ciudadanos en situación irregular.
El nuevo decreto también contempla una revisión completa del sistema de solicitudes, conocido como “click day”, el cual ha sido objeto de múltiples críticas por parte de asociaciones de empleadores y expertos legales debido a su vulnerabilidad frente a fraudes y acaparamientos organizados.
Los sectores que se verían beneficiados por estas nuevas cuotas incluyen agricultura, construcción, transporte, asistencia domiciliaria y trabajo doméstico.
Un decreto aún vigente
Aunque el Decreto Flussi 2023–2025 sigue en vigor, con cupos distribuidos anualmente hasta diciembre de 2025, el gobierno ha optado por adelantar la programación del nuevo plan trienal. Esta anticipación responde a la necesidad de evitar los retrasos e ineficiencias observados en las convocatorias pasadas, mejorar la transparencia del proceso y permitir una mejor coordinación con las regiones y el sistema consular italiano en el extranjero.
Contexto político y económico
La iniciativa surge en un momento en que Italia experimenta una creciente escasez de mano de obra en sectores de baja y media calificación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), en 2024 quedaron vacantes más de 200.000 puestos temporales que no lograron ser cubiertos por trabajadores italianos o comunitarios.
El Ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha declarado que “el sistema actual no es suficientemente ágil para responder a las necesidades del país”, y que se requiere una política migratoria estructurada y anticipada.
No obstante, diversas organizaciones de defensa de los derechos laborales han pedido que el nuevo decreto contemple medidas efectivas para prevenir abusos, garantice contratos auténticos y refuerce los controles sobre las condiciones de trabajo de los migrantes.
Conclusión
Aunque todavía no ha sido aprobado, el Decreto Flussi 2026–2028 podría convertirse en el eje central de la política migratoria italiana en los próximos años. Su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar las necesidades económicas con el respeto de los derechos humanos y laborales, así como de implementar mecanismos de acceso más justos, seguros y transparentes.
