Todos los costos corren a cargo de los empresarios que piden al gobierno y al parlamento concesiones e intervenciones urgentes
El nuevo convenio colectivo nacional de trabajo para badante que entró en vigor desde el 1 de enero corre totalmente a cargo de las familias. No obstante, para los empresarios la carga económica que se añade frente a las 30 horas semanales que exigen a sus empleados habitualmente, superarían los 1.600 euros anuales si el operador trabaja a tiempo completo y 1.300 euros en los demás casos. Esta situación sería insostenible.
Por ello, 25 asociaciones y comités de ciudadanos y familias interesados en este problema han decidido enviar una “carta abierta” al gobierno y al parlamento solicitando una intervención político-legislativa considerando la limitada deducibilidad fiscal de las cotizaciones pagadas y la insuficiencia del Fondo Estatal para el dependiente.
“Ya no hay tiempo para recurrir a ‘reformas de época’”, reclaman las 25 asociaciones, las cuales piden a las instituciones 5 intervenciones:
- Aumento en el Fondo para el no abastecimiento con aceleración de los trámites para acceder a fondos.
- Ajuste de aportes y una simplificación de reglas para proyectos de vida independiente y para asistencia a los muy graves.
- El desembolso de una bonificación extraordinaria a favor de los hogares y personas que hayan suscrito contratos regulares en presencia de una persona no autosuficiente.
- Revisión oportuna de las fórmulas para la inducción y deducción de gastos para compensar costos incurridos y fomentar la aparición del trabajo no declarado.
- Ampliación de criterios para el ingreso de extranjeros que realicen actividades de trabajo doméstico.
“Los hogares que han optado por regularizar los contratos incluso con la esperanza parcialmente satisfecha de poder contar con aportes públicos que nunca cubren completamente los costos se verán aún más afectados”, se lee en la carta enviada a las autoridades.
Según Cittadinanza, la Agencia para la Vida Independiente, la Coordinación Nacional de Asociaciones de personas con Síndrome de Down, la Federación de Voluntarios de Oncología (Favo), entre otros organismos, consideran que los efectos de la nueva legislación afectan sobre todo a las familias con personas mayores no autosuficientes que han decidido no recurrir a la hospitalización, cuyos costes también se han elevado.