Si no se respeta la orden de desalojo, el propietario puede iniciar acciones de ejecución con la ayuda de un policía
La ocupación ilegal de una propiedad es un problema complejo y extendido, sin embargo, la ley italiana ofrece protección tanto civil como penal con el fin de recuperar en el menor tiempo posible la vivienda sustraída al legítimo propietario.
Este término hace referencia a un fenómeno que tiene origen heterogéneo, produciéndose generalmente cuando una persona reside o utiliza la propiedad ajena sin un título válido, es decir, un contrato que legitime la posesión de la propiedad.
En la práctica, esto sucede cuando:
- Una persona fuerza la puerta de una casa ajena y aprovechando la ausencia del dueño entra en ella sin volver a salir.
- Una persona posee la propiedad de otra persona en virtud de un contrato de arrendamiento que es nulo porque no está registrado.
- Una persona posee bienes ajenos incluso después de la sentencia de desalojo por falta de pago.
- Una persona posee la propiedad de otra persona a pesar de la expiración del contrato de arrendamiento.
- Una persona posee la propiedad de otra persona en virtud de un contrato de préstamo vencido.
Sobre ello, es importante tener en cuenta que el hecho de ocupar un bien ajeno constituye a la vez un delito civil y un delito penal. Como consecuencia, el responsable corre el riesgo de:
- Una acción civil que compruebe que se ha producido el despojo y condene al ocupa a desalojar el inmueble e indemnizar al propietario por daños y perjuicios.
- Acción penal que, tras comprobar la comisión del delito de ocupación de bienes ajenos, condena al responsable a una pena de prisión de uno a tres años y una multa de 103 a 1.032 euros.
En caso el delito sea agravado, es decir, cometido por personas armadas o grandes grupos, no es necesaria la denuncia porque el procedimiento legal se inicia de oficio.
