Durante los próximos meses continuarán las reuniones para tratar el problema.
Reducir los casos en que las viviendas públicas son ocupadas de manera ilegal en Milán. Ese es el objetivo de las autoridades de la jurisdicción, quienes empezaron a trabajar en el proyecto desde el día de ayer.
«Una reunión cordial y fructífera para hacer un balance de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que la región y Aler Milano (empresa de construcción residencial) tienen un proyecto. Entre las prioridades que surgieron se encuentran ante todo la seguridad y la lucha contra los no autorizados, uso de elementos que lamentablemente caracterizan algunos suburbios de la ciudad», indicaba Alan Rizzi, concejal de vivienda social.
Según los datos emitidos por el funcionario, de los 5500 hogares de ayuda en Milán, 900 se encuentran ocupadas de manera ilegal por personas de origen africano, así como de sudamericanos.
Asimismo, mencionó que, desde que asumió la gestión (tras la salida de Alessandro Mattinzoli, su antecesor) se han puesto a disposición nuevos empleados en esos establecimientos. Se trata de 28 vigilantes que cubren las entradas, así como un centro para atender casos de violencia doméstica.
Finalmente, aunque todavía la reunión entre Rizzi y Aler Milano está tomando forma, el concejal expresó su satisfacción y resaltó la idea que tienen en común: garantizar un servicio que sea más eficiente a fin de afrontar la ilegalidad que existe en las viviendas populares.
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